Septiembre 2008
Fuente: http://www.ciceenlinea.com.pe/cm/cm2_not.php?id=748
Tras revisar 49 informes secretos de la embajada norteamericana sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron recientemente desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la perito Kate Doyle señaló que dichos textos dejan en claro que ambas matanzas “son de Fujimori”.
Esa frase cayó como un balde de agua fría a la defensa del ex mandatario. Ello obligó al abogado César Nakazaki a increparle varias veces, a Doyle, por haber hecho tal afirmación sin identificar la fuente que proporcionó esa información. La perito respondió que ella basaba sus dichos en los documentos de Inteligencia oficiales y no en las personas que dieron información para elaborarlos. Doyle refirió, sin embargo, que esos informes recogían apreciaciones de militares y de analistas peruanos y sobre lo que publicó la prensa luego de las matanzas.
Golpe final. La experta manifestó, además, que los documentos indicaban que el régimen del ex presidente Alberto Fujimori tuvo dos caras: una pública, de respeto irrestricto al estado de derecho, y otra secreta y clandestina, fuera del marco legal a través de operaciones de terror en la lucha contra la subversión.
Precisó, asimismo, que los documentos señalan que desde 1990 hubo “una preocupación temprana y consistente” del embajador de Estados Unidos de ese entonces en nuestro país, Anthony Quainton, sobre la participación del Ejército y de los servicios de Inteligencia en las matanzas.
Inclusive, dijo que el propio embajador le expresó a Fujimori esa preocupación en 1992. Esto último contradice la versión del ex mandatario, pues él afirma que nadie le informó que en esas matanzas estaban implicados oficiales del Ejército.
Kate Doyle intervino en la 97 sesión del juicio a Fujimori a solicitud de los abogados de la parte civil.
Añadió que los informes reflejan el reconocimiento de que el gobierno de Fujimori “estaba tratando de encubrir a sus aparatos de seguridad en los abusos contra los derechos humanos”.
En otro momento, Doyle citó tres casos en que los documentos desclasificados de su país han servido de sustento para imponer sentencias condenatorias en Argentina, Uruguay y Guatemala. Entre el más destacado mencionó el caso del ex dictador de Uruguay, Juan María Bordaberry, condenado en el año 2006 por crímenes múltiples cometidos durante su gobierno dictatorial.
Los comisionados. Al término de la audiencia, el abogado Nakazaki señaló que la participación, en el juicio, de los ex miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) –programada desde este viernes– no sería relevante debido a que solo dirían sus apreciaciones respecto a la guerra interna que vivió el país y no darían aportes acerca de la responsabilidad o no de su cliente. “Son como los peritos que han dado sus comentarios”, anotó.
Fuente: Diario El Comercio, Diario Perú 21, Diario La Primera
