CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE CHILE

FUJIMORI DEBE SER EXTRADITADO O JUZGADO EN CHILE
Fuente: http://www.amnistia.cl/index_noticias.shtml?sh_itm=bd59755f1c5706e23e180ac490e42e36

Washington, DC., 19 de diciembre de 2005

En nuestra calidad de organizaciones estadounidenses que trabajan por la defensa y la promoción de los derechos humanos y la democracia en América Latina, quisiéramos expresar nuestro apoyo por los esfuerzos de llevar al ex presidente peruano Alberto Fujimori a la justicia.

Estamos complacidos de ver que un proceso de extradición se está llevando a cabo después de la detención del Sr. Fujimori en Chile el 7 de noviembre de 2005, y confiamos que la justicia prevalecerá.

Mientras este caso se encuentre pendiente ante los tribunales chilenos, consideramos que existe una gran oportunidad para valorar la importancia de defender los derechos humanos y combatir la impunidad que ha afectado tanto a Perú como a Chile.

Después de asumir el cargo por un tercer periodo mediante elecciones fraudulentas, el ex Presidente Fujimori huyó del Perú en noviembre de 2000 en medio de un gran escándalo de corrupción, renunció a la presidencia por fax y tomó residencia en Japón.

Hoy Fujimori es un fugitivo del sistema judicial peruano, y enfrenta numerosos cargos criminales incluyendo homicidio, actos de tortura y desaparición forzada, y de malversación de fondos.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado al gobierno de Fujimori por crímenes contra la humanidad.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como la Corte Interamericana, han concluido que violaciones sistemáticas a los derechos humanos se cometieron durante el gobierno de Fujimori.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, los miembros de un escuadrón de la muerte que operó durante su presidencia, el Grupo Colina, fueron responsables de la ejecución de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, en 1991, y de la desaparición y el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, en julio 1992, entre otras atrocidades.

Tal como ocurrió con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, Fujimori subvirtió las instituciones democráticas de su país. Como presidente, Fujimori impuso el control total del Congreso, la magistratura, el Ministerio Público, el sistema electoral y muchos de los medios de comunicación.
Miembros del Congreso, dueños de medios de comunicación y otros fueron sobornados con grandes sumas de dinero para pagar su lealtad al gobierno.
Casi 1.500 personas han sido o están siendo procesadas por actos de corrupción cometidos durante los diez años del régimen fujimorista.
Transparencia Internacional ha declarado que Fujimori está entre los presidentes más corruptos del mundo en tiempos recientes.

Si se logra imponer la justicia en este caso, el impacto se sentirá más allá del Perú.

Este caso puede transformarse en un gran precedente que sirva de ejemplo en un continente renuente a confrontar su pasado, acabar con la impunidad y fortalecer los principios jurídicos que persiguen asegurar el respeto a los derechos humanos y la democracia en el futuro.

Las organizaciones abajo firmantes apoyamos los esfuerzos dirigidos a lograr que el ex Presidente Alberto Fujimori responda ante la justicia peruana por medio de la extradición, y en caso de que no sea posible, ante la justicia chilena.

Juntos alentamos respetuosamente al pueblo de Chile a unirse a nuestra causa.

Cordialmente,

Joy Olson
Directora Ejecutiva, Washington Office on Latin America (WOLA)

José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo, Human Rights Watch/ Américas

Eric Olson
Director para las Américas, Amnesty International, USA

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva
Maria Clara Galvis
Abogada para Perú
Center for Justice and International Law (CEJIL)

Juan Méndez
Presidente, International Center for Transitional Justice (ICTJ)

Marie Dennis
Directora, Maryknoll Office for Global Concerns

Rev. Douglas B. Hunt
Coordinador de Programas Internacionales
Network for Environmental and Economic Responsibility, United Church of Christ

Rev. Seamus Finn
Director de la Oficina de Justicia y Paz, Missionary Oblates of Mary Immaculate

Richard Erstad
Director América Latina y el Caribe, American Friends Service Committee

John Cavanagh
Director, Institute for Policy Studies

David A. Robinson
Director Ejecutivo, Pax Christi USA: National Catholic Peace Movement

Bill Goodfellow
Director Ejecutivo, Center for International Policy

Joe Eldridge
Director Kay Spiritual Life Center, American University

Carlos Quesada
Director del Programa de América Latina, Global Rights - Partners for Justice
Personal de la Organización, School of the Americas Watch

Lisa Davis
Directora de Programas, Estado de Derecho, Freedom House

James E. Winkler
Secretario General, General Board of Church and Society, United Methodist Church

Emily S. Goldman
Representante de Programa, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights

Dr. Gabriela D. Lemus
Directora de Políticas y Legislación, League of United Latin American Citizens, National Office

Andrew de Sousa
Organizador Nacional, Network in Solidarity with the People of Guatemala

Tom Ricker
Co-Director, Quixote Center/Quest for Peace

Mark L. Berenson
Co-Director, Committee for Inter-American Human Rights

Ann Oestreich
IHM, Coordinadora de Justicia de la Congregación, Sisters of the Holy Cross

The Rev. Fred Morris
Presidente, Faith Partners of the Americas