DECLARACIONES DE REPRESENTANTES DE APRODEH, CNDDHH Y CEJIL

LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DEMANDAN LA PRONTA ENTREGA DE FUJIMORI A LA JUSTICIA PERUANA
Por: Cristiano Morsolin* (especial para ARGENPRESS.info) (Fecha publicación:11/11/2005)

La Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH (www.aprodeh.org.pe) exigió el lunes 7 de noviembre de 2005, a las autoridades chilenas, la extradición del prófugo ex presidente Alberto Fujimori e invocó a las autoridades peruanas a realizar las gestiones pertinentes a fin de que el cuadernillo de extradición incluya todos los delitos por los que se le acusa y por ende sea juzgado, tal como corresponde, por la justicia peruana. Ello conforme a lo establecido en el tratado de extradición vigente entre ambos países desde 1932.

APRODEH se reafirma en el pedido de extradición de Fujimori por los delitos de lesa humanidad, entre ellos los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como por su responsabilidad en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

EL EMPERADOR ESTA DESNUDO

Durante la manifestación cívica del lunes 7 de noviembre de 2005 en demanda de la extradición y juicio a Fujimori, Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) ha declarado que “tal como le sucedió a Pinochet, decía Nelson Manrique, Fujimori no evaluó bien su viaje a Chile. Como recordamos, el ex-dictador chileno viajó a Londres, aparentemente confiado en su amistad con Margaret Thatcher y en los informes de sus abogados quienes le dijeron que no le pasaría absolutamente nada. Resultado: el juez Garzón ordenó su detención y lo demás ya es una historia que todos conocemos.

Años después, Alberto Kenya Fujimori vuelve a cometer el mismo error… y con las mismas consecuencias: la detención y el inicio de un proceso de extradición que obviamente debe terminar en su juzgamiento y sanción ejemplar.

Fujimori creyó en dos cosas. En primer lugar que su situación iba a ser similar a la de Daniel Borobio y Eduardo Calmell del Solar; y en segundo lugar, que en el Perú las masas se levantarían y exigirían su presencia. Ni lo uno ni lo otro. Hoy está en prisión, especial por supuesto, como cualquier jefe de Estado que es detenido en el exterior.

Durante la década pasada Fujimori sorprendía, a propios y extraños, con leyes y acciones que lo pintaban como el todopoderoso o, según el dicho popular, como aquel “que se las sabía todas”. Esa misma imagen nos quieren presentar hoy sus adeptos tras señalar que su detención en Chile durante los próximos dos meses estaba “fríamente calculada”. Sin embargo, basta ver el rostro del prófugo, oculto detrás su mano, al ser trasladado del Hotel Marriott a la estación de carabineros para descartar tal argumento.

Nos dicen también los fujimoristas que su líder venía a entregarse al Perú, vía Chile, y junto a estas versiones, toda una serie de mentiras adicionales para seguir sosteniendo la imagen del ex-prófugo como todopoderoso. Al final, lo único que constatamos –como lo han dicho muchos– es que Fujimori no es nada sin Montesinos.

La primera y la más importante tarea es informar a la opinión pública sobre los delitos que Fujimori cometió y la sanción que debe recibir por ellos.

En segundo lugar, demandar al Poder Judicial y Ministerio Público la presentación impecable de los cuadernillos de extradición. De allí que los familiares del caso de La Cantuta ya han dejado poderes a abogados de derechos humanos de Chile (FASIC y CODEPU) para que los representen y garanticen su derecho como víctimas a la verdad y la justicia. Paralelamente es necesario ejercer vigilancia y presión para que todos los casos de violaciones a los derechos humanos se tramiten convenientemente.

¿Que le queda hoy a Fujimori como lógica legal? Buscar librarse, en el proceso de extradición, de algunos delitos para solo responder por algunos, aquellos que tengan penas más bajas.

Pero hay un tema paralelo al legal. Pese a que muchos abogados y periodistas señalan que estamos frente a un tema eminentemente jurídico –pues quien tomará la decisión final será la Corte Suprema de Chile–, creemos que se trata de una verdad a medias. Y es que la decisión final se encuentra en manos del gobierno de Ricardo Lagos.

En el escenario de extradición, si finalmente la Corte chilena resuelve por tal medida, será el Poder Ejecutivo chileno quien lo determine. Y si decidiera expulsarlo, como sostiene una buena parte de la opinión pública mapochina, pues también será decisión gubernamental. Con ello, el argumento de la politización siempre estará presente, máxime si los dos países se encuentran con procesos electorales ad portas.

Por tal motivo, creemos necesario exigir a los candidatos presidenciales peruanos que se expresen de manera tajante contra las pretensiones de impunidad de Alberto Kenja Fujimori. Los peruanos, por otro lado, no debemos consentir ningún tipo de remilgo con el preso en Chile. Partidos como Somos Perú, el Movimiento Nueva Izquierda, pasando por el PDS el PS y otros, lo han hecho hasta el momento.

En su encierro chileno, Fujimori extrañará a aquel personaje de la leyenda que revelaría la verdad al emperador: la protección del Japón era el vestido de oro que aquel tenía; pero en realidad estaba desnudo.


POSICION DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CNDDHH

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH del Perú (www.dhperu.org), la comunidad internacional de derechos humanos, organizaciones de víctimas y familiares de afectados por el conflicto armado interno, y organizaciones sociales, nos encontramos movilizados y vigilantes ante las acciones a realizar por el gobierno peruano y el Estado chileno frente a la llegada de Alberto Fujimori. Este acto ha sido calificado como irresponsable tanto por el canciller chileno Ignacio Walker, así como por el ex Canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros dado el momento que atraviesan las relaciones entre ambos países.

Saludamos la inmediata detención del prófugo y la denegación del pedido de libertad bajo fianza dictada por el juez Orlando Alvarez de la Corte Suprema de Chile. Sin embargo esto no es suficiente y por ello exigimos a las autoridades de ambos países realizar con celeridad las gestiones necesarias para que Fujimori retorne al Perú, donde deberá ser debidamente juzgado por los delitos que se le imputan, entre los que figuran: homicidio calificado, lesiones graves, desaparición forzada, asociación ilícita para delinquir, peculado y falsedad ideológica. Sobre los crímenes de lesa humanidad se consideran los casos de La Cantuta y Barrios Altos, actos criminales cometidos por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte creado durante su gobierno, con su consentimiento y bajo su mando.

Una delegación de defensores de derechos humanos y de víctimas del Caso La Cantura han viajado a Chile para realizar acciones legales, entre los que se incluyen el apersonamiento de los familiares de las víctimas en el proceso de extradición. Así como para promover acciones de esclarecimiento con sectores de gobierno y políticos, y coordinar la solidaridad de sectores sociales en la lucha contra la impunidad. El grupo está compuesto por Francisco Soberón, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, Raida Condor y Gisella Ortiz, familiares de dos de los estudiantes asesinados en La Cantuta, Sofía Macher, Ronald Gamarra, David Lobatón y Gloria Cano, miembros de la CNDDHH.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS SOLICITAN EXTRADICIÓN DE FUJIMORI

Las señoras Raida Cóndor y Gisella Ortiz, junto a Tomás Livias, familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, respectivamente, solicitaron la extradición del detenido ex mandatario Alberto Fujimori en Chile, según lo informó desde Santiago de Chile Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) organismo patrocinador de los familiares y parte civil en el proceso penal seguido a Fujimori.

El caso ha sido asumido por abogados de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), organismo defensor de derechos humanos en el vecino país. 'Hemos recibido una amplia solidaridad de los organismos de derechos humanos aquí en Chile tales como la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)', informó Cano, quien forma parte de la delegación peruana que se encuentra en la capital chilena participando de las primeras acciones legales destinadas a la extradición del prófugo Fujimori.

Sobre el tema del ingreso de Fujimori a Chile, Cano señaló que hubo fallos en la oficina de migraciones del aeropuerto chileno que están siendo investigados. “En concreto, se trata de descubrir por qué habiendo impedimento de ingreso no se le expulsó”, agregó.

El tema de la expulsión, sostuvo Cano, debe seguir latente y es una opción que no debe descartarse. Incluso hay organizaciones políticas chilenas como el Partido Socialista y la Alianza Juntos Podemos que proponen la expulsión inmediata de Fujimori de Chile, liderando una creciente tendencia de repudio al prófugo que se extiende a la sociedad civil chilena.

'Debemos ser exigentes y permanecer vigilantes para que las autoridades chilenas cumplan con sus obligaciones internacionales', concluyó Cano, recordando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y que los delitos de lesa humanidad por los que se le juzga a Fujimori son imprescriptibles y de jurisdicción universal.

CHILE DEBE EVITAR QUE FUJIMORI SIGA EVADIENDO LA JUSTICIA

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL (www.cejil) ha emitido un nota desde Washington donde “exhorta al Estado de Chile a que brinde la colaboración necesaria para que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, sea puesto a disposición de la justicia peruana. El ex mandatario fue detenido el 7 de noviembre por las autoridades chilenas, 10 horas después de su sorpresiva llegada a Chile, y luego de evadir, por cinco años, la justicia peruana.

En noviembre de 2000, Fujimori huyó a Japón, en medio de un escándalo de corrupción que lo involucró directamente. Desde este país asiático renunció a la presidencia de la República. Mientras tanto, bajo los gobiernos democráticos, en Perú se iniciaron investigaciones por las gravísimas violaciones de derechos humanos y los hechos de corrupción ocurridos durante los diez años del régimen autoritario de Fujimori. Como resultado de estas investigaciones, en la actualidad, Alberto Fujimori enfrenta en el Perú 22 procesos penales en su contra, por crímenes de lesa humanidad y por hechos de corrupción.

Dentro de los crímenes internacionales por los que Fujimori debe responder se encuentran la masacre de La Cantuta, en la cual 9 estudiantes y un profesor fueron ejecutados brutalmente en la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y la masacre de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron ejecutadas y cuatro resultaron gravemente heridas. Este último caso fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en marzo de 2001, concluyó que el Estado peruano tiene la obligación de “investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los responsables”. Dados los hechos del caso, la sentencia de la Corte implica la obligación del Perú de investigar la participación del ex Presidente en este crimen de lesa humanidad.

Chile, al ratificar la Convención Americana, asumió el papel de garante de las obligaciones de derechos humanos reconocidas en dicho tratado. Entre sus deberes bajo la Convención Americana se encuentran el de contribuir al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y el de garantizar la investigación y castigo de graves violaciones de derechos humanos, especialmente si estas constituyen crímenes internacionales.

CEJIL recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a todos los Estados de la OEA, en el año 2003 a “adoptar las providencias necesarias para considerar [los] crímenes internacionales como delitos que dan lugar a extradición y conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido un crimen internacional o proceder a su juzgamiento”. Adicionalmente, Chile es Estado Parte de la Convención Interamericana contra la Tortura, la cual lo obliga a “conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura”. De igual modo, la Corte ha reiterado, en numerosas oportunidades, que los Estados de la OEA deben “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal”.

Para que el Estado peruano pueda investigar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es indispensable que las autoridades chilenas permitan que Fujimori sea puesto, a la brevedad, a disposición de la justicia peruana. Adicionalmente, su extradición debe concederse de manera que no se limite la capacidad del Estado peruano de investigar la participación del ex mandatario en los crímenes de lesa humanidad, en particular, en las referidas masacres.

CEJIL reitera la alta responsabilidad que tiene el Estado de Chile para contribuir al cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para evitar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, en el marco de la Convención Americana”.

La sociedad civil peruana (www.fujimoriextraditable.org.pe) considera que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori entre 1990 y 2000 fueron sistemáticas y generalizadas y constituyen delitos de lesa humanidad, como fue documentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR (http://alainet.org/docs/4455.html ).

Sidiki KABA, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH (www.fidh.org ) desde Paris enfatiza que “el juicio de Alberto Fujimori contribuye a la consolidación del estado de derecho en el Perú, así como constituye un paso importante en la superación de la impunidad, confiamos en que las autoridades chilenas contribuirán a este propósito que se enmarca en el espíritu y compromisos de la Carta Democrática Interamericana que reafirma “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”, Sr. Presidente, usted ha manifestado en más de una ocasión su compromiso con los derechos humanos, hoy se enfrenta a un hito histórico, como en su momento lo fue el de solicitar la entrega de Pinochet a las autoridades chilenas para que fuese juzgado por los tribunales de su propio país, entregar Fujimori al Perú, será una manera de contribuir al avance de la justicia en el mundo.

* Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la Region Andina SELVAS, trabaja en Latinoamerica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil.